Este artículo examina la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Chile (Ley N° 20.920) como instrumento de política ambiental para la gestión de residuos, evaluando específicamente su capacidad para incentivar el ecodiseño en los productos. Los autores contextualizan el problema señalando la baja tasa de valorización de residuos en el país, que alcanza solo un 22%. La ley REP transfiere la responsabilidad de la gestión de residuos de productos prioritarios (ej. envases, neumáticos) desde los municipios hacia los productores, quienes deben cumplir metas progresivas de recolección y valorización. La segunda parte del artículo, basada en una tesis de magíster, desarrolla un modelo teórico para analizar los incentivos al ecodiseño. Se argumenta que existe una tensión inherente entre los objetivos de la ley: lograr una gestión de residuos eficiente y promover la innovación en ecodiseño. El modelo demuestra que, si bien las tarifas más altas cobradas por los sistemas colectivos de gestión (como los GRANSIC) incentivan a las empresas a invertir en ecodiseño para reducir su huella de residuos, el mandato de eficiencia de estos sistemas tiende a reducir dichas tarifas. Esta eficiencia, al abaratar los costos para los productores y los precios para los consumidores, debilita simultáneamente el incentivo financiero para invertir en productos más sostenibles. La conclusión principal es que la ley REP, aunque efectiva para aumentar las tasas de reciclaje, puede ser insuficiente por sí sola para fomentar un nivel socialmente óptimo de ecodiseño, sugiriendo la necesidad de políticas complementarias para alcanzar este objetivo. [This article examines Chile's Extended Producer Responsibility (EPR) Law (Law No. 20,920) as an environmental policy instrument for waste management, specifically evaluating its capacity to incentivize ecodesign in products. The authors contextualize the problem by pointing out the country's low waste recovery rate, which reaches only 22%. The EPR law transfers the responsibility for managing waste from priority products (e.g., packaging, tires) from municipalities to producers, who must meet progressive collection and recovery targets. The second part of the article, based on a master's thesis, develops a theoretical model to analyze the incentives for ecodesign. It is argued that an inherent tension exists between the objectives of the law: achieving efficient waste management and promoting innovation in ecodesign. The model demonstrates that while higher fees charged by collective management systems (such as GRANSIC) incentivize companies to invest in ecodesign to reduce their waste footprint, the efficiency mandate of these systems tends to reduce those fees. This efficiency, by lowering costs for producers and prices for consumers, simultaneously weakens the financial incentive to invest in more sustainable products. The main conclusion is that the EPR law, while effective in increasing recycling rates, may be insufficient on its own to foster a socially optimal level of ecodesign, suggesting the need for complementary policies to achieve this goal.]